La justicia del miedo

Columna de opinión

Diego Alonso Ramírez Oyola

En la Sierra Nevada, el control de las Autodefensas Conquistadoras (ACSN), también conocidas como Los Pachenca, va más allá del narcotráfico o las rutas ilegales. Ahora también imponen "justicia" a su manera, castigando a jóvenes y pobladores por delitos menores o simples actos de rebeldía. Es un sistema de castigos sociales que ha reemplazado, en muchos barrios y veredas, la autoridad del Estado.

En los últimos días, se han hecho virales varios videos donde estos grupos armados obligan a jóvenes a pedir perdón públicamente, a confesar delitos menores, a dejarse rapar la cabeza, e incluso a agradecerles por “perdonarles la vida”. En uno de los casos más comentados, un joven fue grabado mientras pedía disculpas por agredir a su padre, mientras miembros del grupo lo rapaban como castigo simbólico. La escena, que podría parecer una forma de “corrección social”, en realidad encierra una violencia silenciosa: la amenaza implícita de lo que puede pasar si no obedecen.

Este tipo de castigos no son nuevos, pero sí cada vez más visibles. No se trata solo de imponer orden, sino de mostrar poder. Los castigos sociales son grabados y difundidos como advertencia: aquí, el que manda no es el Estado, es el grupo armado.

Y mientras tanto, la institucionalidad guarda silencio o llega tarde. La Policía anuncia investigaciones, pero las comunidades no denuncian por miedo. La justicia no avanza porque las víctimas no tienen garantías. La presencia estatal es tan débil en muchas zonas de Santa Marta y la Sierra que las ACSN llenan ese vacío, convirtiéndose en jueces, verdugos y, para algunos, en una falsa figura de autoridad.

Lo más preocupante no es solo el castigo en sí, sino la aceptación progresiva de esta lógica. Las comunidades comienzan a normalizar que los conflictos se resuelvan con humillaciones públicas, que los errores se paguen con exposición y miedo, que el control social venga de las armas y no del derecho.

Colombia no puede permitir que grupos armados sigan imponiendo leyes propias. El Estado debe actuar con decisión, no solo con operativos, sino con justicia cercana, programas sociales y protección real para quienes se atreven a denunciar. De lo contrario, la justicia del miedo seguirá creciendo… y la legal seguirá ausente.