Churo Díaz fue absuelto por falta de pruebas en caso Costa Azul

El cantante vallenato Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido como Churo Díaz, fue absuelto por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que concluyó que no existen pruebas directas ni documentos que lo comprometan penalmente con la presunta estafa atribuida a la empresa Costa Azul S.A.S.

Tras casi cinco años de proceso, el fallo dejó en libertad plena al artista, quien había sido procesado por los delitos de estafa agravada en masa y enriquecimiento ilícito, en una investigación que también involucró a su exesposa, Beatriz Castro Pérez, y que alertó sobre la captación ilegal de más de 45.000 millones de pesos entre 2016 y 2020.

La jueza explicó que no se comprobó que Díaz hubiera captado dinero, firmado contratos, ni tenido injerencia en las decisiones de la empresa señalada. “Su relación con la señora Castro era conyugal, no comercial”, afirmó durante la audiencia celebrada el 31 de julio en Bogotá.

La Fiscalía presentó múltiples denuncias y testimonios de víctimas, pero ninguno vinculó de forma clara y directa al cantante con la estructura fraudulenta. Por ello, primó la presunción de inocencia.

Imputación sin sustento y sin vínculos financieros

El fallo señaló que la Fiscalía no demostró nexos jurídicos ni financieros entre Díaz y Costa Azul. Tampoco se acreditaron pagos irregulares, firmas de contratos o participación en la inducción a las víctimas.

“La sospecha no reemplaza la prueba en un juicio penal”, enfatizó la jueza, criticando que el caso se haya sustentado más en rumores y señalamientos públicos que en evidencias concretas.

Churo queda libre, pero el caso sigue para otros implicados

Con esta decisión, Churo Díaz queda libre de antecedentes judiciales y podrá continuar su carrera artística sin restricciones. Su defensa expresó que el artista se siente aliviado tras años de desgaste personal y profesional.

Aunque Beatriz Castro fue condenada en 2016, el proceso contra otros implicados en la captación ilegal de dinero aún está en curso. Se estima que al menos 340 personas fueron afectadas por el esquema, y muchas de ellas siguen esperando una reparación económica.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado si apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá.