Preocupación en Colombia por uso de drones explosivos por parte de grupos armados ilegales

Las agencias de inteligencia del Estado han encendido las alarmas ante el creciente uso de drones por parte de grupos armados ilegales, quienes estarían adquiriendo tecnología de última generación para realizar ataques, vigilancia táctica y transporte de cargamentos ilícitos.

La alerta se intensificó tras el reciente ataque con drones explosivos atribuido al ELN en zona rural de El Carmen, Norte de Santander, donde tres militares murieron y otros ocho resultaron heridos. Este hecho dejó en evidencia una peligrosa evolución en las capacidades ofensivas de estos grupos.

Según reportes conocidos por El Nuevo Siglo, solo en lo que va del 2025 se han registrado al menos 230 incidentes con drones explosivos, más del doble de los reportados en todo 2024. Los ataques han causado la muerte de dos civiles, ocho soldados y una patrullera de la Policía, concentrándose en zonas como Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Huila y Norte de Santander.

De acuerdo con las investigaciones, estructuras criminales como las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y redes del narcotráfico estarían fortaleciendo su arsenal tecnológico con drones no tripulados, que les permiten operar sin arriesgar a sus combatientes y seguir en tiempo real los movimientos del Ejército.

Particularmente preocupante es la posible adquisición de modelos FPV (First Person View) y drones equipados con fibra óptica, los cuales tendrían la capacidad de evadir sistemas antidrones convencionales. Aunque no se ha confirmado su ingreso al país, las autoridades temen que estos dispositivos puedan llegar en cualquier momento a través del mercado negro internacional.

“La tecnología ya está disponible. Lo que antes era exclusivo del Estado, hoy está al alcance de estructuras ilegales con conexiones globales”, advirtió una fuente de inteligencia.

Este panorama plantea un nuevo y complejo reto para la seguridad nacional, pues el uso de esta tecnología en manos equivocadas puede cambiar las reglas del juego en el conflicto armado y criminal del país.