Extorsión en Santa Marta: el GAULA llegó tarde y con las manos atadas

 

Columna de opinión

*Diego Alonso Ramírez Oyola

La extorsión en Santa Marta no solo crece: se institucionaliza. A estas alturas, parece una economía paralela aceptada a regañadientes por comerciantes, transportadores y ciudadanos de a pie, quienes pagan "vacunas" no por debilidad, sino por sobrevivencia. En ese contexto, la llegada de un nuevo grupo del GAULA al Mercado Público se siente más como una respuesta tardía que como una solución real.

Es inevitable preguntarse: ¿por qué esperar tanto? El Mercado Público ha sido, por años, un epicentro del miedo. Los vendedores han denunciado, las familias han llorado a sus muertos, y las autoridades han respondido con promesas, no con protección. Hoy, en los 500 años de Santa Marta, con la criminalidad desbordada y las estructuras armadas ejerciendo control casi abierto, parece que la reacción oficial llega cuando ya no hay margen para el disimulo.

El anuncio del nuevo GAULA - en su momento - sonó bien en el papel. Pero en la práctica, muchos temen que se convierta en otro "elefante blanco" de la seguridad: visible, caro y simbólicamente fuerte, pero inútil ante la complejidad del fenómeno. No basta con presencia policial. Se necesita inteligencia, coordinación institucional, voluntad para desmantelar redes internas de corrupción y una justicia que no revictimice al denunciante. De lo contrario, todo esfuerzo terminará siendo un saludo a la bandera.

Además, ¿qué pasa con el resto de la ciudad? Mientras se pone la lupa en el Mercado Público, los barrios populares siguen siendo campo fértil para el cobro de extorsiones, las amenazas y el desplazamiento urbano forzado. Muchos comerciantes optan por cerrar sus negocios, cansados de pagarle al Estado por una seguridad que nunca llega, y al crimen por una protección que no pidieron. Y entre tanto, la economía informal se vuelve aún más vulnerable.

La extorsión no es un problema exclusivo de Santa Marta, pero aquí ha crecido bajo la complicidad de la omisión. Las autoridades han sido reactivas, no preventivas. Las denuncias no avanzan y el miedo a hablar supera cualquier campaña institucional. Si no se genera confianza en la ciudadanía, ningún GAULA —por nuevo que sea— podrá desarticular lo que el silencio ha permitido que florezca.

La lucha contra la extorsión no puede seguir siendo una puesta en escena para los medios. Es hora de pasar de los anuncios a los resultados, de los operativos aislados a una política de seguridad integral. Porque si algo está claro, es que el crimen organizado ya entendió cómo funciona el sistema. Y mientras tanto, los ciudadanos seguimos pagando, literal y emocionalmente, el precio de la ausencia del Estado.